Independencia y pobreza severa
En la precipitada carrera desde el austericidio a la independencia, hemos perdido la oportunidad de mejorar las condiciones de vida gracias a los presupuestos, ya fueran los propios o los del Estado
 
Francesc Valls 23 MAR 2019
 
Hay virus capaces de sobrevivir en ambientes que, sobre el papel, deberían resultarles adversos. Teóricamente, las manchas de inmoralidad no tendrían cabida en un país que camina límpidamente hacia una independencia que hará palidecer al estado de felicidad permanente que prometía la canción de Georges Moustaki.
 
El caso es que enzarzados en problemas de lazos, damascos, balcones y desobediencias, se escapan entre los dedos problemas a los que la ciudadanía debe hacer frente día a día. Y en ese terreno, los métodos de los gobiernos autonómicos de Artur Mas y de los independentistas de Quim Torra apenas difieren. Comparten corrientes de fondo como el recorte y contención del gasto o la opacidad informativa. En la precipitada carrera desde el austericidio a la independencia hemos perdido la oportunidad de mejorar las condiciones de vida gracias a los presupuestos, ya fueran los propios o los del Estado. La prueba es que en Cataluña se sigue gobernando sin rubor con las cuentas aprobadas en 2017.
 
En 2011, el Gobierno de Artur Mas decidió cortar por lo sano la partida destinada a la Renta Mínima de Inserción (RMI), que suponía unos 426 euros al mes por perceptor. La “sospecha” de fraude la hizo merecedora de soportar un tijeretazo de 50 millones de euros. Era la época de la austeridad ajena, esa que se aplicaba a las ayudas sociales de los otros, pero no al impuesto de sucesiones propio. La prestación que tan cicateramente abordó el Gobierno de Mas iba destinada a quienes se hallaban en situación de pobreza severa. Para proceder al recorte se agitó la sombra de la cultura de la sospecha. Una parte de los beneficiarios de la prestación fueron presentados como una suerte de aprovechados que se daban la gran vida a costa del sufrido contribuyente. Han pasado ocho años y el Gobierno de Quim Torra sigue dando pábulo al “efecto llamada”. De nuevo triunfa la cultura de la sospecha, ahora con la aquiescencia de Esquerra Republicana, que dirige el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. El hecho es que una medida que por ley no debe estar sujeta a vaivenes presupuestarios sufre estrecheces claramente ilegales.
 
Cuando en 2017 el Parlament aprobó por unanimidad la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el soberanismo la presentó como un jalón en el camino a la independencia, como una muestra de ese Estado de Bienestar futuro que triunfaría en la Cataluña libre. Aunque lo cierto es que la derecha española (PP y Ciudadanos) votó a favor de esa medida. El caso es que con ello se daba la oportunidad de cobrar esta prestación a cualquier persona mayor de 23 años, residente en Cataluña durante al menos dos años, sin patrimonio —más allá de la primera residencia— y que hubiera agotado todas las prestaciones posibles. No era mucho. Se pasaba de los 426 euros al mes a los 564 de la nueva prestación que, progresivamente, debe llegar a los 660 en 2020. Lo importante era el cambio de concepto. La RGC, apoyada por 121.000 firmas ciudadanas, procuraba paliar de forma estructural —no paternalista ni asistencial— los efectos de una descarnada crisis que, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), ha dejado en la pobreza severa a casi 350.000 personas. ¿Se ha logrado el objetivo dos años después?
 
El primer problema es que esta prestación no llega ni a la mitad de sus potenciales beneficiarios (120.004 personas de 350.000). De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 2017, solo se han aprobado 10.468 de RGC y complementos hasta finales de 2018. De los 9.300 recursos de alzada presentados por denegación, se han resuelto positivamente 109. En los motivos de rechazo no se especifica la razón, en algunas ocasiones. Los promotores de la ILP han tenido que acudir a la Comisión de Garantía del Derecho al Acceso a la Información Pública de la Generalitat en busca de amparo para conseguir datos. En la Cataluña de la transparencia las cifras son muy borrosas.
 
Mientras, crece la brecha entre las rentas más altas y las más bajas y la posibilidad de redistribución estructural que supone la RGC se queda muy corta. Harían bien los responsables de la Generalitat en escuchar el contenido de las mociones en favor de agilizar la RGC aprobadas por ayuntamientos como Santa Coloma, Santa Perpètua de Mogoda, Badia del Vallès, Cornellà o Vilafranca. O les bastaría con prestar oídos a esa especie de consejero áulico en que se ha convertido el Síndic de Greuges, quien denunciaba las graves consecuencias sociales de las denegaciones, las demoras en la tramitación de solicitudes y la excesiva burocratización del proceso.
 
https://elpais.com/ccaa/2019/03/23/catalunya/1553365184_324799.html?id_externo_rsoc=whatsapp
 

La pobreza se recrudece y acosa al 24% de los catalanes mientras las irregularidades en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía siguen su curso recortador y sin que las entidades del Tercer Sector se unan, en bloque, para reclamar la aplicación ya y sin tapujos de este derecho subjetivo, sin restricción presupostária y con aprobación en el Parlamento por UNANIMIDAD.

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/posts/2093945327358256?__tn__=K-R

 

Artículo: La pobreza se recrudece y acosa al 24% de los catalanes

ECAS alerta de que la precariedad laboral y en la vivienda también se perpetúa

Jessica Mouzo Quintáns 16 MAR 2019

 

https://elpais.com/ccaa/2019/03/15/catalunya/1552676373_222328.html?id_externo_rsoc=whatsapp

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Una persona sin hogar en el parque de la Ciutadella de Barcelona. Joan Sánchez

Los brotes verdes que asoman a escala macroeconómica todavía no alcanzan al ciudadano común. La salida de la crisis económica no se refleja en los hogares catalanes y la pobreza, lejos de reducirse, se recrudece en los sectores más vulnerables. El último informe de de ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), que radiografía los indicadores sociales en Cataluña, apunta que un 23,8% de los catalanes están en riesgo de pobreza, una cifra que no ha dejado de crecer desde 2015. La precariedad laboral y en la vivienda también se perpetúa, avisa la organización.

La pobreza se cronifica y la supuesta recuperación económica no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la población”, zanja el informe Insocat de ECAS. En Cataluña, la tasa AROPE —que mide la población que vive bajo el umbral de la pobreza, las personas con privaciones materiales severas y aquellas familias con baja intensidad de trabajo por hogar— dibuja un panorama poco halagüeño en términos socioeconómicos: en 2017, último año del que se tienen cifras, el 23,8% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión, un porcentaje en alza desde 2015. Entre la población extranjera, las circunstancias de exclusión social alcanzan al 47,7%.

Las privaciones en el hogar también se han intensificado. La mitad de la población catalana tiene dificultades para llegar a fin de mes y los hogares ya destinan más del 30% de su renta a pagar la vivienda o los suministros. Según la vocal de pobreza de ECAS, Teresa Crespo, estos datos indican que la pobreza está empezando a afectar también a las clases medias.

El entorno socioeconómico, con un mercado laboral e inmobiliario “caracterizado por la inestabilidad y el abuso” —sostiene el estudio— tampoco ayudan a reconducir la situación. El 87% de los contratos que se firman cada año son temporales y la tasa de pobreza en el trabajo es del 12,2%.

Las entidades que aglutina ECAS recuerdan que el efecto de los tijeretazos sociales que se ejecutaron durante la crisis aún pasan factura y la reversión total de los recortes sigue pendiente. “La inversión en políticas públicas por parte de la Generalitat ha crecido tímidamente. El gasto conjunto en salud, educación, protección y promoción social y vivienda se redujeron en más de 4.000 millones de euros entre 2010 y 2014, de los que solo se han recuperado 1.800”, apunta el informe. La presidenta de ECAS, Sonia Fuertes advirtió ayer, no obstante, que las políticas sociales deben tener en cuenta que las necesidades sociales son ahora mayores y la vida es más cara, un escenario que requiere, indicó, mucha más inversión social de la que había antes de los recortes.

 

Els promotors de la Renda Garantida tornen a criticar “l'opacitat” del Govern en la concessió d'ajudes

El nou reglament de la prestació permetrà suspendre l'ajut als beneficiaris que acumulin 30 dies treballats

Els promotors de la llei de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) han criticat aquest dimecres “l'opacitat” que, segons ell, el Govern aplica a aquestes ajudes, sense donar xifres clares sobre els beneficiaris. A més, lamenten que bona part de les persones en situació d'extrema pobresa no hagin rebut cap tipus d'ajuda. Per això, han alertat que acudiran als tribunals a reclamar cada prestació denegada i que també impugnaran el reglament de la llei si aquest restringeix les condicions per accedir a la prestació.

El portaveu de la plataforma, Diosdado Toledano, ha encapçalat una petita mobilització de la marea pensionista davant del Parlament coincidint amb la compareixença del conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, a la comissió per parlar de la qüestió. Toledano ha agraït que l'oposició hagi recollit bona part dels seus arguments i ha considerat una “bufetada” al Departament que la Comissió de Garanties del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) hagi resolt recentment a favor de la plataforma i hagi donat 20 dies a Treball perquè aporti tota la informació que li ha sol·licitat l'entitat. Tot i així, Treball ha denegat noves peticions d'informació, com les persones sense llar que han sol·licitat l'ajuda, cosa que fa sospitar a Toledano que “alguna cosa amaguen”.

Segons la plataforma, l'Idescat xifrava en prop de 350.000 persones les que estaven en situació de pobresa severa a Catalunya a finals del 2017. Des del setembre d'aquell any fins al gener s'han presentat 133.000 sol·licituds, i només 10.500 s'han aprovat, tot i que aquesta última xifra inclou també els complements a les pensions més baixes.

Per això, Toledano considera que hi ha una mala gestió dels ajuts i “nul·la voluntat” d'aplicar correctament la llei. De fet, alerten que recorreran als tribunals les sol·licituds denegades, que no s'està aplicant correctament el silenci administratiu i que també impugnaran judicialment el reglament de la llei si aquest text restringeix les condicions d'accés a la prestació.

120.004 persones beneficiàries aquest febrer

Per tal que els beneficiaris de la Renda Garantida no hagin de rebutjar ofertes de feina de curta durada i, per tant, per incentivar la seva entrada al mercat laboral, el nou reglament de la Llei, en tràmit, permetrà poder suspendre l'ajut als beneficiaris que acumulin 30 dies treballats.

Així ho ha explicat el conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, davant la comissió parlamentària, on també ha fixat en 120.004 les persones beneficiàries de la RGC el febrer de 2019, pràcticament el doble dels qui cobraven RMI el setembre de 2017 quan va entrar en vigor la llei, que eren 62.000. El conseller ha explicat que fins a 3.500 persones han trobat feina gràcies a la llei i que s'ha passat d'aprovar el 9% al 30% de les sol·licituds. 

 

https://www.social.cat/noticia/9831/els-promotors-de-la-renda-garantida-critiquen-lopacitat-del-govern-en-la-concessio-dajudes

 

Denuncian que Generalitat deniega el 92% de peticiones de renta garantizada

https://www.lavanguardia.com/vida/20190207/46282296448/denuncian-que-generalitat-deniega-el-92-de-peticiones-de-renta-garantizada.html

Barcelona, 7 feb (EFE).- Medio centenar de personas se han manifestado este jueves ante del Departamento de Trabajo de la Generalitat para denunciar que solo el 7'8% de las 133.000 solicitudes presentadas desde septiembre de 2017 para la Renta Garantizada Ciudadana (RGC) han sido aprobadas por la Generalitat.

Este dato, ha asegurado el representante de la Comisión Promotora de la RGC, Diosdado Toledano, supone una disminución respecto al 47% de solicitudes aprobadas con la ley anterior de Renta Mínima de Inserción, ambas leyes dirigidas a personas en extrema urgencia que "no pueden emprender acciones legales cuando se les deniega".

Toledano ha declarado que hasta la fecha solo se han reconocido 10.000 solicitudes aprobadas y recalca la "gravísima responsabilidad del Departamento en rechazar sistemáticamente las solicitudes", y ha afirmado que se han dado "instrucciones restrictivas de la ley para denegar de manera metódica", según ha explicado a Efe.

Hasta el momento, hay "más de 9.300 recursos alzados y más de 300 reclamaciones por silencio positivo" que se suman a la moción aprobada por el Parlament el 22 de noviembre de 2018 lo que obliga al Departamento a revisar todas las solicitudes denegadas.

Los asistentes han pedido la dimisión del secretario general del Departamento de Trabajo, Josep Ginesta, y del conseller de Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, han exhibido pancartas con sus fotos y se han vestido con chalecos amarillos para mostrar su "solidaridad" con los protestantes franceses. EFE

 

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