La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía  se dirige a Uds para exponerles las siguientes consideraciones y propuestas: 

La pobreza en el reino de España, según el indicador AROPE, ha crecido y se ha extendido a lo largo de los últimos años. A finales de 2014 afectaba a más de 13.600.000 personas (29,2% de la población).  La pobreza severa (personas cuyos ingresos mensuales son inferiores a 332 euros) golpea a 3,2 millones de personas (6,85% de la población). La pobreza infantil en nuestro pais supera el 30% de la población menor de 16 años, siendo la tasa más alta de la Unión Europea después de Rumania.

Detrás de estas cifras, que se distribuyen de manera desigual a lo largo y ancho de la península, encontramos un terrible dolor, sufrimiento y desesperanza, que se prolonga desde hace mucho tiempo en las personas y familias afectadas, y que se traduce en cientos de miles de desahucios de las viviendas habituales, cortes de suministros básicos, hambre y pésima alimentación, deterioro de la salud física y psíquica, aumento de los suicidios.

En nuestra opinión, las políticas económicas de ajuste y austeridad aplicadas por los gobiernos de turno son las responsables directas de la pobreza y desempleo existentes, por consiguiente para iniciar la superación de la pobreza, alcanzar el pleno empleo digno, y reducir la desigualdad hay que cambiar de política económica.

Pero más allá de esta consideración general, el objetivo de la superación de la pobreza es una tarea urgente que no admite más demora, que debe y puede alcanzarse en el corto plazo reconociendo y garantizando por ley el derecho de todas las personas y familias en situación de pobreza a una Renta Garantizada que les asegure los mínimos de una vida digna. 

Este derecho que figura en el artº 24.3 del Estatut de Autonomía de Catalunya fundamenta el texto de la Iniciativa Legislativa popular que recogió más de 121.000 firmas, obtuvo el apoyo a través de mociones de los principales ayuntamientos de Catalunya que en conjunto representan más del 70 % de la población de la Comunidad.  

En la actualidad la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía se encuentra en tramitación parlamentaria. Dicha propuesta de ley establece el derecho subjetivo a esta Renta de toda persona mayor de 18 años, que resida legalmente de manera continuada durante un mínimo de 12 meses en Catalunya, que no tenga ingresos, o bien, sean inferiores al Indicador de suficiencia de renta en Catalunya desde cuatro meses antes de presentar la solicitud a la prestación. La cuantía de la prestación para una persona sin ingresos es de 664 euros al mes, que resulta de mensualizar en 12 pagas el Indicador de suficiencia de renta anual en Catalunya (7.968 euros). Entre las obligaciones del titular de la prestación, en caso de hallarse en condiciones de edad y salud para trabajar, es mantenerse inscrito en la oficina de empleo y no rechazar una oferta de trabajo adecuada.

Propuesta:

Esta Comisión Promotora les propone abordar la elaboración y puesta en marcha de una ley para el conjunto del Reino de España que reconozca el derecho subjetivo a una Renta que garantice el mínimo vital para toda persona o familia sin ingresos, o con ingresos inferiores al IPREM. Para elaborar el conjunto de condiciones y requisitos aportamos la propuesta de ley en tramitación en Catalunya.

En el marco de un estado respetuoso con los derechos y competencias de cada autonomía, proponemos buscar de manera dialogada las fórmulas jurídicas que permitan conjugar la legislación del reino de España con la de cada autonomía sobre esta materia, así como de la aportación a cargo de los presupuestos del Estado de los recursos económicos necesarios para financiar una parte sustancial de la Renta  Garantizada o de mínimos vital, por entender que tanto por volumen de recursos  como por responsabilidad sobre los efectos sociales de las políticas económicas, tiene el gobierno del estado.   

Estamos convencidos que aplicar el derecho a una Renta garantizada o de mínimos para todas las personas y familias sin ingresos o bajos ingresos no solo permitirá superar la pobreza, sino que además de generar cohesión social y reducir la desigualdad, tendrá un efecto estimulante sobre la demanda y el desarrollo económico. La experiencia al respecto del Pais Vasco, y de otros países de Europa, así lo indican y confirman.

Con disposición a colaborar y dialogar sobre cómo hacer realidad este Derecho les saluda atentamente

 

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Catalunya

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