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ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

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Entrevista TV3

 


COMUNICADO 24 ABRIL 2019 

ANTE EL MAQUILLAJE Y OPACIDAD DE LOS DATOS PUBLICADOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (*) 

El pasado 15 de abril, en plena campaña electoral, diversos periódicos publicaban en “páginas especiales” la información titulada “La Renta Garantizada de Ciudadanía ya alcanza a más de 120.000 personas” (1), y un subtítulo donde dice que esta prestación “tiene casi el doble de beneficiarios que la Renta Mínima de Inserción”. 

Esta aseveración del subtítulo es falsa, y busca maquillar el incumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) resultado de una pésima gestión y de la voluntad de restringir a toda costa el acceso a este derecho, rechazando de manera injusta la gran mayoría de las nuevas solicitudes efectuadas desde 15 de septiembre de 2017. 

En efecto, en este artículo publicitario se informa que ha habido un incremento del 92% respecto de las 62.525 personas que percibían la Renta Mínima de Inserción en septiembre de 2017. Sin embargo, dicho incremento es rotundamente falso porque no contabiliza el número de 44.895 personas que percibieron prestaciones de complementos de pensiones no contributivas en esa misma fecha. Si sumamos ambos colectivos, el número de personas beneficiarias de prestaciones que se derivan de la aplicación de la ley RGC asciende a 107.420 personas. Por consiguiente, el incremento de personas beneficiarias de nuevas solicitudes desde septiembre 2017 hasta el 15 de abril de 2019 asciende a 13.080 (120.500 – 107.420), es decir un incremento porcentual del 12,18%, nada que ver con el porcentaje del 92% indicado en el artículo propagandístico. 

Por otra parte, la propia cifra de 120.500 personas beneficiarias es cuestionable pues suma personas beneficiarias de prestaciones de carácter diferente, tanto por sus características como por sus cuantías económicas: la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la prestación complementaria de pensiones y prestaciones sociales (2). 

Con la finalidad de tener una información real que permita una valoración rigurosa de la implementación de la ley RGC, la Comisión Promotora de la RGC viene reclamando a la Dirección de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa de la Generalitat de Cataluña (DGES), el número de resoluciones aprobadas y personas beneficiarias, de manera diferenciada según el tipo de prestación (3). También se ha solicitado el número de expedientes y personas beneficiarias que perciben en la actualidad cada una de las prestaciones, una vez descontados los expedientes suspendidos o extinguidos por diversas causas (encontrar empleo, dejar de cumplir los requisitos, etc.) 

La afirmación en dicho artículo, que la mejora de la información explica la evolución positiva del porcentaje de solicitudes aprobadas en los últimos meses, nos parece discutible pues no tiene en cuenta el número de solicitudes valoradas en cada mes, y el efecto desánimo en personas potencialmente beneficiarias de la RGC que renuncian a solicitarla vistas las dificultades a que se reconozca este derecho. Tampoco sirve para dar una explicación satisfactoria de las numerosas denegaciones injustas de las prestaciones, comprobadas en los puntos de asesoramiento a las personas solicitantes, los 9.300 recursos de alzada presentados hasta diciembre de 2018, los cientos reclamaciones por silencio positivo incumplido, y de recursos al contencioso administrativo. 

La implementación de la RGC es deplorable. De las 133.746 nuevas solicitudes de RGC y complementos, desde el 15 de septiembre de 2017 hasta el 9 de diciembre de 2018 (4), solo se 

aprobaron 10.468 solicitudes, es decir el 7,82%, siendo rechazadas por denegación, desistimiento, o no consideración 121.816, es decir el 91,1%, quedando pendientes de valoración en dicha fecha 1.462 solicitudes (1,1%). 

Si consideramos que el “Informe de aplicación y efectividad de la ley RGC” presentado por el Consejero de Trabajo, asuntos sociales y familias Sr. Chakir el Homrani a la Mesa del Parlament el pasado 28 de diciembre de 2018 reconocía que el porcentaje de solicitudes aprobadas de Renta Mínima de Inserción en abril de 2016 era del 46,76%, mientras que en las nuevas solicitudes de prestaciones de RGC y complementos solo es del 12,18%; si además, tenemos en cuenta los datos de pobreza severa facilitados por IDESCAT una vez finalizado 2017, que alcanza el 5% de la población en Cataluña o 347.000 personas, debemos concluir, que la implementación de la Ley de la RGC se está gestionando de manera indebida. 

Ante los problemas observados en la implementación de la ley de la RGC el Parlamento de Cataluña aprobó el 22 de noviembre de 2018 una moción que obliga al gobierno de la Generalitat a revisar la totalidad de solicitudes rechazadas y documentarlas. Hasta hoy desconocemos si esta moción ha sido cumplida. 

Ante la opacidad de la Dirección General de Economía Social (DGES) en la gestión de la ley RGC, puesta en evidencia por la Resolución 114/2019 de la Comisión de Garantía del acceso a la información pública de la Generalitat que obliga a dar plena respuesta a la solicitud de información pública presentada el 31 de agosto de 2018 (5), tiene más sentido que nunca nuestra demanda presentada ante los grupos parlamentarios y respaldada por mociones y Declaraciones aprobadas por los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badía del Vallés, Santa Perpetua de la Mogoda, Cornellá, Vilafranca del Penedés, Prat de Llobregat, Barcelona, etc., de aprobar una Auditoría independiente sobre la gestión del Departamento de Trabajo, asuntos sociales y familias de la Generalitat en la implementación de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

24 de abril 2019 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 

Notas: 

(*) Aunque no figura la firma del autor o entidad que ha redactado el contenido de estas páginas especiales, se deduce por su contenido que su origen esta en el ámbito de la Consejería de Trabajo, asuntos sociales, y familias. 

(1) Esta página publicitaria informa que el número de personas beneficiarias es de 120.500 personas, sumando incorrectamente prestaciones diferentes, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que es la prestación central de la ley, y los complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales. 

(2) La prestación de complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales se establece en la Disposición adicional tercera de la ley RGC 

(3) Dicha información se empezó a solicitar el 31 de agosto de 2018, y en solicitudes posteriores. No ha habido respuesta de la DGES hasta la fecha. 

(4) Ver informes publicados en la web del Departament de Treball, Afers Socials i Families en septiembre 2018 y 11 de enero 2019. 

(5) El plazo para que la DGES cumpla esta Resolución y facilite los datos solicitados por la Comisión Promotora de la RGC finaliza el próximo 25 de abril, tras aprobarse una solicitud de ampliación del plazo.

 

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