Las consecuencias sociales de la Pandemia del Covid-19, el desempleo y la pobreza, se están desbocando y afectan a un número creciente de personas en Cataluña y España, con más de 1 millón de puestos de trabajo destruidos y un desempleo en Cataluña que supera el medio millón según los datos de la EPA del tercer trimestre. Los efectos del colapso del turismo aumentarán el desempleo.

Las previsiones económicas y sociales con la segunda ola de la pandemia, la finalización de los ERTES que afectan a más de 3,5 millones de trabajadores/as, y la aplicación de EROS con despidos y cierres de empresas nos anticipan un horizonte grave y preocupante.
 
Otra de las consecuencias previsibles es el aumento de la exclusión social y pobreza severa que en Cataluña afectaba al 5,7 % de la población a finales de 2019.
Este drama social llueve sobre una situación de la protección social erosionada, debilitada, por los graves recortes de personal y recursos en las oficinas del SEPE y del SOC, consecuencia del proceso de privatización de los servicios públicos de ocupación en beneficio del negocio privado que ha facilitado el aumento de la precariedad laboral, los contratos parciales y los bajos salarios.
 
Las dificultades y lentitud, para tramitar las prestaciones, subsidios de desempleo y el Ingreso Mínimo Vital tienen su origen en estos recortes, y en la desidia y parálisis de las administraciones en España y Cataluña que no adoptan medidas efectivas para corregir esta situación, porque no quieren incrementar el gasto social en los derechos de las personas vulnerables.
 
La gestión del gobierno de la Generalitat del derecho de las personas vulnerables a la Renta Garantizada de Ciudadanía es un escándalo social. Menos del 30% de la población en Cataluña con pobreza severa percibe esta prestación, la gran mayoría de solicitudes continúan siendo denegadas de manera injusta, y la Consejería de trabajo sigue sin revisar las solicitudes denegadas incumpliendo el mandato del Parlament de Cataluña. Esta pésima gestión expresa el desprecio social, el odio a las personas pobres, de las élites gobernantes de Cataluña que prefieren robar los derechos de las personas vulnerables para enriquecer a sus amiguetes y redes clientelares.
 
Nada nuevo bajo el sol. Para que los derechos se cumplan, la clase trabajadora, las personas sin empleo, en situación de vulnerabilidad, tenemos que movilizarnos, salir a las plazas y calles, para exigir el cumplimiento de nuestros derechos.
Es el momento de levantarse y organizarse, a pesar de los temores a la pandemia, para animar a movilizarse a nuestros hermanos y hermanas, sensibilizar a la mayoría social, construir solidaridad.
 
Desde la Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, con el apoyo de la Alianza de Mareas y Movimientos sociales os convocamos a la concentración en la Plaza de Sant Jaume, el lunes 14 de diciembre, a las 12 horas, para exigir el cumplimiento de nuestros derechos a un trabajo digno y el acceso a las prestaciones sociales, la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, sin denegaciones injustas y sin atrasos inaceptables.
TODOS Y TODAS A LA PLAZA DE SANT JAUME DE BARCELONA EL LUNES 14 DE DICIEMBRE A LAS 12 H EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS SOCIALES. Barcelona, noviembre de 2020 COORDINADAORA DE ASAMBLEAS DE TRABAJADORES/AS EN PARO DE CATALUÑA
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