1. Información sobre datos de pobreza en Catalunya

Los datos recientes de IDESCAT sobre la encuesta de condiciones de vida de 2025 indican un importante aumento de la pobreza en Catalunya.

Según la tasa AROPE, el 24,8% de la población de Catalunya se encuentra en esta situación, ocho décimas más que en 2024, cuando era del 24%.

La tasa de riesgo de pobreza asciende al 18,9%, 1,5 puntos más que en 2024, cuando era del 17,4%. La tasa de privación material y social severa aumenta hasta el 8,9%, tres décimas más que en 2024, cuando era del 8,6%.

Se adjunta la nota de prensa de IDESCAT.

No obstante, los datos publicados por el Departament de Drets Socials de la Generalitat sobre el número de personas beneficiarias de la prestación de la Renda Garantida de Ciutadania en enero de 2026 indican 126.373 personas, mientras que en febrero de 2025 alcanzaban 143.249 personas; es decir, 16.876 personas menos.

El contraste de estos datos confirma, a juicio de la Comisión Promotora, una implementación restrictiva del derecho a la Renda Garantida de Ciutadania por parte del Departament de Drets Socials desde hace tiempo.

Esta situación ha sido denunciada repetidamente, así como la necesidad de exigir una auditoría independiente sobre esta gestión.

2. Información sobre la reunión con el grupo parlamentario de los Comunes

El viernes 20 de febrero tuvo lugar, en sede parlamentaria, una reunión con la diputada Núria Lozano y la asesora Cristina Bigordá, del grupo parlamentario de los Comunes.

Núria Lozano participa en la comisión de la ponencia sobre la propuesta de modificación de la ley de la Renda Garantida de Ciutadania. La delegación de la Comisión Promotora estuvo formada por Sixto Garganté, Manuel Ortiz, Miquel Ibarz y Diosdado Toledano.

La diputada Núria Lozano informó del grave bloqueo producido al abordar los cambios propuestos para mejorar el artículo 7 de la ley, relativo a los requisitos para tener derecho a la Renda Garantida de Ciutadania.

Entre las propuestas de mejora se encuentran bajar la edad de acceso a los 18 años, reducir a un año la residencia efectiva —como figura en el Ingreso Mínimo Vital— y abordar los problemas de empadronamiento, especialmente cuando algunos ayuntamientos incumplen la ley.

Según la información trasladada, la representación del PSC se opone a estas mejoras, con el apoyo de Junts, que quiere endurecer los requisitos. Además, el PSC quiere extender la condicionalidad a toda la prestación de la RGC.

Por el contrario, Comuns y CUP, en consonancia con las aportaciones de la Comisión Promotora, proponen eliminar toda condicionalidad y garantizar el derecho subjetivo a la prestación.

Los miembros de la Comisión Promotora expresaron su gran preocupación por la situación de bloqueo y por la posibilidad de que se extienda a la mayoría de propuestas dirigidas a mejorar la ley y blindar el derecho de las personas vulnerables a la Renda Garantida de Ciutadania.

Ante esta situación, anunciaron gestiones con otras organizaciones sociales y con entidades que participan en la Comisión de Gobierno de la ley, para valorar la situación y emprender iniciativas de denuncia y presión social que permitan desbloquear el trabajo de la comisión parlamentaria, avanzar hacia la mejora de la ley e impedir cualquier regresión.

Antes de finalizar la reunión, las representantes del grupo parlamentario de los Comunes informaron de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, participaría en un acto en Barcelona el martes 24 de febrero para informar de la iniciativa de una ley destinada a garantizar una prestación universal de 200 euros mensuales por cada menor de 18 años.

La Comisión Promotora fue invitada a este acto, al que finalmente asistió Diosdado Toledano.

3. Gestión de la reunión con la Taula del Tercer Sector y propuestas

Se informa de las gestiones con representantes de Càritas para organizar una reunión con las entidades de la Taula del Tercer Sector y una delegación de la Comisión Promotora de la RGC.

El objetivo de la reunión es valorar la situación de la tramitación parlamentaria de la propuesta de modificación de la ley y acordar iniciativas dirigidas a la opinión pública, al Parlament y a la movilización de la ciudadanía y de las personas vulnerables, con el objetivo de avanzar en la mejora de la ley RGC.

En principio, se acuerda mantener la reunión a partir del lunes 9 de marzo, quedando pendiente concretar el día, la hora y el local.

4. Documentos solicitados a la Sindicatura de Greuges de Catalunya

Xan da Torre informa de que la solicitud efectuada a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, en aplicación de la ley de transparencia, para conocer el contenido de la carta enviada a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha sido aceptada.

La solicitud se refería a la carta relativa al decreto de ampliación del plazo de resolución de las solicitudes de la RGC, de los cuatro meses que establece la ley a ocho meses.

Se adjunta con la presente acta la documentación completa recibida, tanto la admisión de la solicitud como la carta enviada por la Sindicatura a la consellera del Departament de Drets Socials, Mònica Martínez.

5. Información sobre la concentración del 28 de febrero en defensa de los derechos del llamado escudo social

Se propone y se acuerda por unanimidad dar apoyo y llamar a participar en la convocatoria de concentración del sábado 28 de febrero, a las 18:30 h, en plaza Sant Jaume de Barcelona.

La concentración se convoca en defensa del derecho a la vivienda y de los derechos recogidos en el llamado escudo social, rechazado en la votación del Congreso de los Diputados al sumarse Junts al PP y Vox.

Se adjuntan el cartel de la convocatoria y el manifiesto «No es caridad, es justicia social: pensiones y viviendas dignas ya», suscrito por Marea Pensionista-COESPE, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Estas entidades acordaron convocar movilizaciones descentralizadas en defensa de los derechos a pensiones y viviendas dignas en el conjunto del Estado. En Barcelona, la convocatoria se realiza el 28 de febrero.