Guías Comunicados  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar

Detalles

Publicado el 12 Mayo 2019

La Renta Garantizada no iguala la cobertura de la ayuda que sustituyó

7 Mayo 2019

El Govern, en respuesta a una petición de transparencia, admite que solo ha aprobado el 9,2% de las nuevas solicitudes de la prestación hasta mediados de enero

Los promotores de la ILP en el Parlament, tras la aprobación de la ley. Parlament

La Generalitat tiene vigentes 25.928 expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que se traducen en 64.188 beneficiarios. Los datos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, los aportó el Govern tras una petición de transparencia hecha por los promotores de la ley que regula esta prestación. La RGC nació en septiembre de 2017 para sustituir a la Renta Mínima de Inserción y dar cobertura a más personas en situación de pobreza. Tras una implantación irregular con solo un 9,2% de nuevas solicitudes aprobadas, la RGC no llega a igualar a la anterior ayuda, que en febrero de 2017 cubría a 27.800 hogares y 67.966 beneficiarios.

El consenso que generó la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía —aprobada por unanimidad después de que los agentes sociales presentaran una Iniciativa Legislativa Popular— estuvo seguido por una intensa polémica por el fracaso de su implementación, con un porcentaje muy bajo de nuevas solicitudes aprobadas. El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, ha entonado este lunes un mea culpa en una entrevista a la agencia Efe, aunque ha argumentado que el Govern, intervenido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, poco podía hacer.

Un año y ocho meses después del inicio de la nueva prestación, y nueve meses después de la recuperación del autogobierno, El Homrani ha destacado que actualmente se aprueba el 30% de las nuevas solicitudes de RGC, y que hay 120.000 beneficiarios. Sin embargo, los promotores de esta prestación y algunos partidos de la oposición acusan al Govern de “maquillar” los datos.

Consideran que el 30% de solicitudes aprobadas está distorsionado porque se refiere a un periodo de tiempo corto (desde enero de 2019 hasta ahora) en el que además se han registrado menos solicitudes. “Al ver un número tan alto de denegaciones muchos han desistido”, afirma Diosdado Toledano, portavoz de la plataforma impulsora de la RGC. Tampoco considera creíbles los 120.000 beneficiarios, ya que es la suma a los que perciben la totalidad de la RGC (644 euros al mes por una persona) y de los que, al ser beneficiarios de otra prestación, solo cobran un complemento (que puede ser de tan solo 50 euros).

Las cifras aportadas por el consejero también los pone en duda la información que el propio Ejecutivo del presidente Quim Torra ha remitido a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Según este documento, que recoge datos desde el 15 de septiembre de 2017 hasta el 15 de enero de 2019, hay 25.928 expedientes vigentes de RGC y 64.188 beneficiarios. Ambas cifras no llegan a igualar las de la Renta Mínima de Inserción en 2017, la ayuda que la nueva prestación pretendía ampliar. Los datos indican que hay, por otra parte, 49.733 expedientes vigentes de complementos, 54.528 beneficiarios.

Sobre las solicitudes aprobadas y denegadas hasta mediados de enero de este año, la Generalitat admite que solo ha aprobado 4.268 de las 46.429 nuevas solicitudes, es decir, un 9,2%. La Generalitat denegó 37.975 nuevas solicitudes, principalmente por superar los ingresos establecidos en la ley, tener un trabajo o no acreditar una residencia continuada. Con respecto a los complementos, el porcentaje de solicitudes aprobadas sube hasta el 23%.

Los promotores de la ley de la RGC lamentan que el Govern no desglose los datos, tampoco en la respuesta a la petición de transparencia, para conocer cuántas solicitudes de RGC por parte de personas sin hogar fueron aprobadas o denegadas.

Precisamente, la cobertura a las personas sin hogar, así como la de otros colectivos vulnerables, debía blindarse con un reglamento de la RGC que, pese a ser obligatorio por la ley, el Govern no ha conseguido sacar adelante. Finalmente la cobertura a estos colectivos se garantizó con una modificación de la ley propuesta por el PSC. “Hay una gran dejadez y un gran obscurantismo. No hay reglamento, y tampoco se hace caso a la resolución del Parlament que obliga a revisar todas las denegaciones”, asegura el diputado socialista Raúl Moreno.

https://elpais.com/ccaa/2019/05/06/catalunya/1557169221_964274.html

Detalles

Publicado el 02 Mayo 2019

La Generalitat reduce la prestación a una mujer con un 94% de discapacidad

La afectada, de 28 años y con parálisis cerebral, está a cargo de sus padres, también delicados de salud El Govern rebaja de 400 a 36 euros la prestación porque la joven acude a diario a un centro ocupacional

Carmen tiene 65 años. Padece artrosis y tiene una discapacidad del 84%, reconocida por la Generalitat. “No me tomo la medicación porque si me duermo, no me entero de lo que le pasa a Macarena", explica. "Un día convulsionó y entró en coma”. Macarena es su hija. Tiene 28 años y una parálisis cerebral espástica desde que era un bebé. No puede moverse, hablar ni ver con claridad. En su caso, la discapacidad reconocida es del 94%. “Nosotros somos sus brazos”, explica la madre. Joan, el padre, tiene 74 años y ya ha padecido un ictus. No es de muchas palabras. “La procesión se lleva por dentro”, dice.

Carmen se ha desvivido por su hija. La tuvo con 36 años y desde entonces solo vive para cuidarla. Joan ha sido quien traído el dinero a casa. Vendía en mercados ambulantes, sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Ahora, ambos sobreviven con una pensión no contributiva y un complemento de hijo a cargo. Si lo sumamos, apenas llegan a los mil euros al mes. “Suerte teníamos de la dependencia”, sentencia.

Para los imprevistos

Hace diez años la Generalitat catalogó Macarena con el grado dos de dependiente, el que se conoce como severo. Y les ofreció la paga de Cuidador No Profesional, unos 400 euros al mes. “Nos va muy bien para comprar los medicamentos que no nos entran por la Seguridad Social y para pagar  imprevistos”, explica Carmen. Por ejemplo los laxantes, unas gotas para los ojos o pastillas para dormir que compran en Andorra. “El médico nos las recomendó, son más fuertes”, aclara la madre.

Macarena sale de la cama cada día gracias a los brazos de sus padres, ahora ya mayores y con menos fuerzas  / joan mateu

Pero el año pasado Joan se cortó un dedo del pie. Carmen fue a los Servicios Sociales de Sants para pedir ayuda. “Yo sola no puedo mover a Macarena”. Y allí empezó un calvario. Le revisaron las ayudas, tuvo que notificar todo el dinero que gasta, factura a factura. “En diciembre me dijeron que tenía que renunciar a la dependencia”. Según ella, con amenazas y risas incluidas de las trabajadoras sociales mientras los gritos, muecas y autolesiones de su hija por el agobio ponían aún más tensión al momento.

Carmen nunca firmó. Este marzo les llegó una carta de la Generalitat. Han revisado el Programa Individual d'Atenció (PIA) de su hija. Como Macarena va a un centro ocupacional ocho horas cada día, las ayudas que recibían de cuidado en el hogar pasan de 400 a 36 euros mensuales.

Un servicio que es una condena

La medida es legal, los centros ocupacionales computan como centro de día y se consideran un “servicio análogo”. Pero a esta familia la han condenado. “Cómo vamos a sobrevivir?”, se pregunta esta madre. Cada día, junto a su esposo y una especie de montacargas con ruedas, sube y baja a Macarena por los empinados escalones que separan su casa de la calle. La familia vive en un pequeño piso, con una sola habitación, y de apenas 40 metros cuadrados. “Aún lo estamos pagando”, explica la madre. Cuando ha habido imprevistos han pedido dinero prestado a amigos y familiares. “Lo vamos devolviendo cuando podemos”. Por ejemplo cuando tuvieron que pagar 2.930 euros para una operación de ortodoncia en el Hospital Sant Rafael.

Carmen y Juan, bajan a Macarena por las escaleras de su casa. Lo hacen a pulso, debido a la curvatura de la escalera / JOAN MATEU

La situación es tal que cuando Macarena sale de la visita rutinaria en el Vall d’Hebrón, la familia opta por volver andando hasta su casa, en Hostafrancs. “Es todo bajada, y así nos ahorramos el taxi”. No tienen coche, y su hija se agobia en el transporte público.

Ellos ya son mayores, pero se ven con fuerzas de seguir siendo las manos y brazos de su hija. ¿Qué pasará con el paso del tiempo? “Esta pregunta nos la hacemos cada día”, dice Carmen. No tienen ahorros para dejarle, ni tampoco pueden pagar un asistente que haga sus tareas. De momento, ya han recurrido a la vía administrativa, aunque la respuesta del Govern se ampara en la ley de dependencia.

Un gabinete de abogados está dispuesto a llevar el caso a la justicia. Ya hay un precedente. En el 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio la razón a los padres de David, un chico con discapacidad psíquica. “Los talleres ocupacionales no pueden considerarse compatibles con el cuidado familiar”, dijo entonces el tribunal.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190428/govern-recorta-prestacion-social-mujer-discapacidad-7412375

Detalles

Publicado el 20 Abril 2019

Chakir El Homrani: «Cal que el PSOE es replantegi el seu paper»

8 ABRIL 2019

https://www.eltemps.cat/article/6793/chakir-el-homrani-cal-que-el-psoe-es-replantegi-el-seu-paper

Publicat el 8 d'abril de 2019

- Creiem important que tothom llegeixi la visió del Conseller Chakir El Homrani on continua donant la culpa al 155, als requisits que hi ha que complir, a la manca de reglament, tot i que porta prop 1 anys com conseller, afirma que ara aproven un 30% de les peticions, s’oblida dir que la majoria de les que aprova son complementaries, i això li diu efectiu, efectiu serà quan les 350.000 persones en situació de pobresa severa ja no es trobin en aquesta situació. Parla de passos endavant espectaculars, afirmant que el que anomena renda mínima garantida no es l’eina per lluitar contra la pobresa, desviant el tema al treball i habitatge, lamentable, potser no ha assumit que ja no es tracta de la Renda Mínima de Inserció, ara es la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), dret subjectiu no limitat a pressupost, sí a requisits, als de la llei, en el text i l’esperit, no en altres elements. També cal celebrem la incorporació de titulars de la RGC al mon laboral, però cal dir que son contractes de 6 mesos a un any, i que l’empresari rep subvencions gairebé iguals al salari de la persona contractada que deixa de cobrar la RGC. I per acabar afirma que 11.500 persones en situació de vulnerabilitat ara s’han apuntat per demanar la RGC. Tot un jeroglífic, similar al de la gestió de la RGC, demores, irregularitats, manca d’aplicació del silenci administratiu positiu, peticions reiterades de documentació, manca de coordinació amb Serveis Socials, encara despenjats de la RGC, manca de transparència, tota una odissea amb pagament de prestacions abans de data de judici, sens dubte la RGC està sent d’utilitat pel qui la rep, sens dubte l’administració està fent un esforç, però està lluny de complir el seu objectiu, cal suprimir traves, agilitzar els tràmits i deixar de banda els procediments i requisits imaginatius que impedeixen l’accés a qui té dret a la RGC, i cal fer-ho amb eficiència Sr. Conseller.

Ja fa quasi un any que vostè és conseller. Quin balanç fa de tot aquest temps?

—Aquest és un repte dur i toca intentar coordinar un departament que té al centre les persones, especialment les més vulnerables. M’hi dedico amb passió. Amb les dificultats conegudes, perquè la situació política no ajuda a la gestió diària. Hem d’acceptar la situació i només podem fer feina. I sovint ha de ser silenciosa. La solució del conflicte entre les patronals del país, per exemple, l’hem pogut resoldre sense fer massa soroll. És la prova que, quan hi ha voluntat de diàleg entre les parts i algú fa de mediador, es poden fer coses. Ningú no esperava aquest èxit. Alhora, hem vist com el Govern espanyol en aquests mesos no ha pogut tirar enrere les reformes laborals, però tenim eines com la concertació, el diàleg social, la inspecció de treball, les polítiques actives i la formació professional per generar ocupació de qualitat.

—Vostè va entrar al departament després del període del 155. Com se’l va trobar?

—Va ser molt complicat. El 155 va tenir efectes i qui digui que no, no vol ser honest. Quan un departament durant set mesos no té govern efectiu i no es tiren endavant decrets, afecta el desplegament de la renda de garantia de la ciutadania. No es van voler prendre decisions com la renovació de molts contractes que són de serveis a les persones —discapacitats, infants, adolescents...— i això implicava un volum de gestió que no es va voler fer i que vam haver d’assumir amb un retard que vam estar patint al llarg de l’any, amb tot el que significa... El més greu de tot és que va afectar persones vulnerables. I això s’ha de dir.

—Com està la consellera Dolors Bassa?

—Està com tots: amb ganes de demostrar que està en una situació de presó preventiva injusta, de defensar-se públicament perquè no han comès cap tipus de delicte i de poder avançar en una situació absolutament kafkiana i indecent. A partir d’aquí, la consellera Bassa està ferma. S’està visualitzant que aquesta és una macrocausa judicial, un judici polític.

—Ella està implicada mínimament en el departament o només se centra en el judici?

—Quan ens veiem, parlem del departament, com és normal. Tenim relació des de fa molts anys, ens vam conèixer a l’àmbit sindical. Des de l’inici del judici no hem pogut parlar.

—Canviant de tema, per l’any que ve es preveu l’arribada de 5.400 nous menors no acompanyats. En una entrevista recent a La Vanguardia deia que confia en l’augment pressupostari dels nous comptes de la Generalitat per fer-hi front. Tindran, però, un problema per acollir aquests menors si no aproven els pressupostos?

—Hem demostrat que tenim molt clares les prioritats polítiques i el 2018, quan han calgut fons de contingència per fer front a aquest repte, n’hi ha hagut. Pel que fa als pressupostos, hem treballat en la proposta al departament i al Govern de la Generalitat. El nostre és el departament que més creixia en pressupost després del d’Educació a nivell percentual i el tercer en xifres globals. I la direcció que més creixia al Departament de Treball és la d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Era, per tant, una aposta molt clara. Però la realitat és que estem en pròrroga pressupostària. No sabem si tindrem condicions per reprendre la proposta de pressupostos d’aquí a un temps, però caldrà saber gestionar i fer-ho bé. Tret d’això, el repte que vostè assenyalava és global, va més enllà de l’econòmic i afecta molts àmbits de la societat. 

—A què es refereix?

—En primer lloc, no ens podem centrar només en l’acollida, sinó que ho hem de fer en la resposta a aquests joves quan surten del sistema de protecció, que no siguin vulnerables i estiguin apoderats per poder tirar endavant amb el repte vital. És un repte social. Jo no uso mai la paraula típica per parlar d’aquests adolescents, perquè els deshumanitza i cosifica. I hem d’assegurar que no deshumanitzem un col·lectiu molt divers, molt vulnerable. Hem de mirar com treballem aquesta inclusió social i l’apoderament, perquè aquests joves venen per quedar-se. O aprofitem la potencialitat que tenen, o com a societat ens equivocarem. Mai no hem sigut partidaris que aquests menors parlin amb els mitjans. Però, en aquest cas, sempre d’acord amb el noi i treballant-ho bé, la millor manera de tractar-ho bé és conèixer-los i conèixer també la diversitat de la situació. No ens podem permetre el luxe de deshumanitzar.

—Quines accions concretes estan fent per abordar això?

—Primer, hem treballat amb una mirada llarga entorn de l’estratègia catalana d’inclusió i acollida. Tenim un sistema molt pensat i hem pres decisions molt pensades: procurem tenir centres petits, impulsem l’àmbit dels pisos a l’entorn de l’emancipació, impulsem els centres de noves oportunitats entorn de la formació... Busquem l’ecosistema que facilita la inclusió i el coneixement. No som partidaris a Catalunya de grans centres, tal com fan en altres territoris, i centrem els esforços en aquests programes d’inserció i d’aquests petits centres que permeten un treball més comunitari. Per exemple, aprofitant l’esport amb convenis amb el Futbol Club Barcelona, amb mitges maratons o amb aspectes de voluntariat. La millor manera de combatre el racisme és a partir de la interacció, el coneixement i reconeixement de la diversitat.

—Sovint fa l’efecte que es treballa aquesta qüestió com si fos sobrevinguda. No obstant, hi ha un informe de 2009 fet per la Fundació Pere Tarrés per a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) que ja alertava d’aquest augment d’arribades de menors els propers anys. Hi ha hagut prou previsió?

—Per molt que tinguéssim una perspectiva de creixement, ha arribat a un punt no previst. Els dos primers mesos de 2019 n’han arribat més que en tot el 2015. No parlem de xifres extraordinàries, sinó d’un col·lectiu molt vulnerable que requereix una atenció molt específica. La protecció a l’infant no es pot separar segons l’origen. I això implica tota una sèrie de reptes. A partir d’aquí, cal que quedi clar que no som una illa: això passa a tot Europa i la situació és complexa. Part de les converses que he mantingut amb el Govern de l’Estat els darrers mesos han estat sobre això. El sistema no és tancat perquè no ha de ser-ho. Cal garantir mobilitat. La capacitat entorn de la transparència l’hem demanat per activa i per passiva a l’Estat perquè ens permetria una millor planificació. Aspectes que no són de la nostra competència però clau a l’hora de donar una resposta, com el procés de desregularització —no pot ser que trigui tants mesos— no els controlem. I hi ha àmbits, per ser honest, que tampoc no estan en mans de l’Estat. És un repte europeu i cal que siguem més responsables. L’Estat es va enganyar quan va fer el decret de suport supletori de fons per als territoris de l’Estat, perquè, tal com vaig dir a la ministra, no té sentit que hi hagi un suport econòmic segons el lloc d’entrada en el sistema de protecció i no d’estada. El decret, per tant, estava pensat bàsicament per a Andalusia. I després hi ha elements més clau. Ara mateix estem en un triple fenomen migratori: l’àmbit del refugi, el dels menors d’edat i la migració econòmica. A diferència de principis del 2000, ara mateix no estem en aquestes xifres, però els tres col·lectius són més vulnerables. I la complexitat és més gran. I a la vegada, l’economia, tot i que estem en un moment de creixement, no és la de principis del 2000. I això ho hem de situar. A l’entorn de certs àmbits no hi ha un element clau que et permeti fer una perspectiva tan potent.

—Parla de la deshumanització, i un dels fets que hi atribueix és el perfil delinqüencial. Quin percentatge de menors no acompanyats que arriben a Catalunya han detectat que tenen perfil delinqüencial?

—En el sistema de protecció de Catalunya hi ha una mica més de 3.400 migrats sense referents adults. El percentatge que esmenta és el mateix que en qualsevol altre col·lectiu que ens toca gestionar. Aquesta és la base del pensament racista: portar el col·lectiu a actuacions individuals. Si em pregunten què passa quan un menor d’aquests fa un delicte jo dic: el mateix que si ho fa qualsevol altre menor del país. L’altre problema és que convertim en delicte allò que no és delicte. Hi ha una realitat que no és delinqüencial: nois que tenen unes dinàmiques. I la DGAIA no gestiona centres tancats ni els vol gestionar. Perquè només l’àmbit judicial té la potestat de tancar una persona. I així ha de ser. No hi ha cap element que situï un percentatge més elevat que el de la societat en general. Però l’estigma és clar. Hem de ser també conscients d’una realitat: els joves, en molts casos, són nois que es pensaven que tot era arribar i moldre. I es troben que la situació no és aquesta.

—Segons va publicar el digital Crític, la Generalitat hauria adjudicat 370 milions d’euros en contractes a dit per gestionar centres de menors per la via del negociat. És una pràctica habitual?

—En la mateixa notícia s’explicava, més enllà del titular, com des de l’arribada de la consellera Dolors Bassa això s’havia minimitzat al màxim. A partir d’aquí, treballem amb tot un sistema que ens permeti tenir un mapa clar de relacions amb el tercer sector. Hi ha màxima visualització en la contractació. I tenim una xarxa d’entitats socials que poden fer una gran feina.

—El preocupa que el cas del senyor Ricard Calvo, acusat per adjudicar contractes a dit a empreses amb què havia treballat, relacionades amb la plataforma educativa, deteriori el prestigi de la DGAIA?

—No. Primer, hauríem de ser respectuosos amb un procés que està obert. Segon, sempre hem col·laborat amb qualsevol àmbit i som els primers interessats a aclarir això. Tercer, la DGAIA té grandíssims professionals que treballen en un dels àmbits més complicats: els infants. Jo soc molt conscient que és l’àmbit més delicat. Soc conscient que un pare o una mare no acceptaran que se’ls tregui la tutela. I són casos molt excepcionals. Però d’aquí a fer qualsevol crítica a cada exercici de treure la tutela, que també passa... I també quan passa alguna cosa i es diu: com no se li ha pogut treure la tutela?

— ...

—Ho deia perquè és un exemple com al final la DGAIA tracta un tema tan sensible que és molt fàcil que sigui cap de turc en tot. Però la confiança en els professionals és total. El primer que s’ha de fer és aclarir. I d’això tothom n’hauria de ser conscient. Però el que em preocupa és una qüestió. Hem de repensar el sistema de protecció de la infància perquè tot ha canviat. Per això s’ha fet una aposta amb la creació de la Secretaria d’Infància. Cal pensar en els nous reptes i repensar polítiques.

—Tornant a la qüestió del senyor Calvo, diu que és molt fàcil que s’agafi la DGAIA com a cap de turc. S’han plantejat, per exemple, demanar al senyor Calvo que deixi de treballar allà?

—És que llavors estaria fent judicis de valor i prenent decisions en un àmbit, el judicial, que no és el meu.

—El passat mes de març, amb una carta, la plataforma impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida exposava que de les 133.746 noves sol·licituds acumulades des del 15 de setembre de 2017 fins a finals de 2018, només se n’han aprovat 10.468. A què és degut?

—Hi ha uns requisits que s’han de complir. Podem discutir si són adequats o no, però estan marcats. Un dels efectes del 155 va ser que no hi havia un govern que impulsés un decret. A partir d’ací hem treballat amb el sector, amb les entitats municipalistes, amb patronals... Hi ha en marxa un decret. Quan vam arribar al nivell de resolucions acceptades, aquestes eren d’un 9%. Ara són d’un 30%. Aquí es veu la mà d’un govern efectiu. A partir d’aquí, de la situació prèvia al 15 de setembre de 2017 amb la renda mínima d’inserció a l’actual, amb la renda mínima garantida, hem fet uns passos endavant espectaculars. Ara mateix n’hi ha més de 119.000 beneficiaris. Les quanties són absolutament diferents. I el desplegament de la llei finalitza el 2020. Per a la lluita contra la pobresa, la renda garantida és una eina, però no és l’eina clau. La lluita contra la pobresa té dues variables: el treball de qualitat i l’habitatge assequible. Aquest any, 3.500 persones han trobat feina a través de programes vinculats a la renda garantida. Hi ha hagut 11.500 persones que havien abandonat el sistema i estaven en situació de vulnerabilitat. Ara s’hi han apuntat per demanar la renda mínima garantida.

—Per acabar, vostè procedeix de la UGT, com Dolors Bassa. Continua formant part del sindicat?

—Sí.

—Aquest sindicat ha perdut simpaties en favor de la Intersindical en les darreres eleccions. Com ho valora?

—Com a conseller de Treball no faré valoracions del teixit sindical i d’un procés com el de les eleccions sindicals. No em pertoca. La meva responsabilitat és tenir relacions amb tots els sindicats del país.

—S’acosten dates electorals i és possible que la governabilitat d’Espanya acabe depenent d’Esquerra Republicana. Quin paper hauria de jugar en aquest cas la seua formació?

—Aquí hi haurà una part que vol governar l’Estat espanyol que s’ha de replantejar moltes coses. Nosaltres tenim molt clar que no servirem perquè hi hagi un Govern de la dreta ni tampoc tindrem cap tipus de paper en cap acord entre PSOE i Ciutadans. Qui vulgui el nostre suport, i crec que seria una gran notícia que fóssim clau, ha de saber que cal fer-se preguntes. Té sentit judicialitzar la política? Té sentit legitimar la repressió? Perseguir la dissidència? No intentar solucionar un conflicte per la via del diàleg i de l’acord? El PSOE entrarà en el terreny de joc de Ciutadans, PP i l’extrema dreta de Vox? Cal que es facin aquestes preguntes. I a partir d’aquí, estic segur que de xecs en blanc no en donarem a ningú. Estan normalitzant la persecució a la dissidència i cal que el PSOE es replantegi el seu paper.

—I si acaba Ernest Maragall sent l’alcaldable més votat, qui pensa que hauria de ser el seu soci prioritari a Barcelona?

—Si tenim ara mateix una fortalesa és que som els més capaços per generar ponts per diferents costats. El que no farem és canviar. Tothom coneix les nostres prioritats. Som republicans i d’esquerres. Estem independentistes i volem deixar-ho d’estar. Aquestes prioritats no canviaran. Tenim més de vuitanta anys d’història defensant que la manera és la de créixer, sumar, representar tota la societat. Fins i tot la gent que no pensa igual que tu. 

Detalles

Publicado el 15 Abril 2019

La Generalitat no sap, no contesta

Mentre es galleja amb banderes i pàtries, la vida segueix i la ciutadania consumeix amb més o menys fortuna la seva vida

Francesc Valls 13 ABR 2019 - 13:57 CEST

El 155 s’ha convertit en un número màgic. És el que, com a anatema i fidels a l’Antic Testament, utilitzen el PP, Ciutadans i Vox per proclamar que les institucions catalanes han de ser intervingudes a perpetuïtat fins que el poble d’Israel entri en raó o aquesta massa de dos milions de votants independentistes mori d’avorriment. No sembla una proposta raonable. Tampoc resulta gaire assenyat que a Catalunya existeixin 155 prestacions socials, tal com la mateixa Generalitat va comptabilitzar el 2015: 65 d’aquestes ajudes són de caràcter econòmic a persones i 90 són de serveis. Tanta prestació fa que la població socialment vulnerable s’endinsi en un laberint burocràtic infinit. Enfronta el ciutadà amb un monstre burocràtic potser amb l’objectiu inconfés del desistiment, com busquen respecte a l’independentisme els hassidites de la dreta i el nacionalpopulisme. Només cal veure la lectura restrictiva-cabalística que fan de la Constitució.

El cas és que ajudes que haurien de tenir com a objectiu pal·liar situacions d’emergència social semblen destinades a sembrar el desànim i la desafecció cap a una administració que predica una cosa i fa la contrària. La burocràcia actua com una eficaç barrera. D’una banda, hi ha el factor irracional d’aquest mar de prestacions de les quals la meitat són de dret subjectiu (és a dir, garantides) i el 50% restant està subjecte a disponibilitat pressupostària, amb tot el que això pot suposar de xarxa clientelar. La denegació de les prestacions garantides es fa amb dosis més que notables d’opacitat sense adduir raons, la qual cosa a la pràctica suposa esperar fins que el demandant desisteixi per esgotament, com si es tractés d’un personatge de Kafka. Una vegada s’aprova una llei transparent i objectivable com la de la renda garantida de ciutadania, l’Administració engega la seva màquina i es comporta com si el peticionari fos el protagonista d’El procés, a qui se li recordava que el procediment era secret per al públic i per a ell.

B. i J., inicials d’una parella, tenien un petit negoci que amb la crisi se’n va anar en orris. El 15 de setembre del 2017 van sol·licitar la renda garantida de ciutadania. Complien els tres requisits: ser majors de 23 anys (ronden els 60), haver residit els dos últims anys a Catalunya (resideixen a la comunitat des dels anys setanta) i no disposar de patrimoni (tenen un primer habitatge, amb un acord amb el banc per evitar el desnonament). El març del 2018 els van dir que els denegaven la petició. Van presentar un recurs aquell mateix mes. Encara esperen resposta. El problema de la parella és que les seves dues filles, independitzades des del 2016, figuraven empadronades al domicili familiar. De res van servir les certificacions del nou padró de les filles ni el registre de béns realitzat per part de l’Ajuntament. La Generalitat, davant del recurs, no sap, no contesta.

El cas és que ajudes que haurien de tenir com a objectiu pal·liar situacions d’emergència social semblen destinades a sembrar el desànim i la desafecció

N. té dos fills. Un d’ells amb una discapacitat reconeguda del 42%. El 24 d’octubre del 2017 va demanar la renda garantida de ciutadania. El maig del 2018 li van dir que li faltava l’extracte d’un compte bancari, després que quan el febrer d’aquell any s’havia interessat per l’estat de la tramitació no l’hi advertissin. Va presentar el document en el període hàbil de recurs. Al juny l’hi van denegar. Aquests són dos casos. En molts d’altres la Generalitat envia la carta de desistiment sense haver fet el requeriment de documentació, expliquen des de les entitats socials.

Els promotors de la iniciativa legislativa popular que va engegar la RGC, i que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament, estan sol·licitant des de l’agost del 2018 a la Generalitat informació sobre aquesta restricció. Davant de les vagues respostes del Departament de Treball, han hagut de demanar auxili la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Malgrat els requeriments, moltes de les seves preguntes fa més de mig any que esperen resposta. La burocràcia mareja la perdiu amb arguments d’allò més variats: “Actualment no disposem de dades en relació amb els motius principals de la denegació”, “les dades respecte a l’habitatge estan en fase d’explotació”, “la informació que vostès sol·liciten s’avalua bimensualment” o “no tenim prou efectius de personal”. Mentre es galleja amb banderes i pàtries, la vida segueix i la ciutadania consumeix amb més o menys fortuna la seva vida. 350.000 catalans viuen en pobresa severa, el 23,8% de la població frega el forat negre del precariat. Dels 4.000 milions d’euros retallats en partides socials fins al 2014, se n’han recuperat 1.800 milions. Mentrestant, el Govern no sap, no contesta.

https://cat.elpais.com/cat/2019/04/13/opinion/1555156678_911071.html