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Publicado el 24 Marzo 2013

 

El alto precio de la pobreza -  FTC AIAC

Posted on 19/04/2013 by ftc

 

Sylviane Dahan

Vocal de Mujeres y Derechos Civiles de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)

 

Todos los indicadores confirman aquello que, para las entidades vecinales, constituye desde hace tiempo una evidencia: la perversa combinación de la crisis y de las políticas de austeridad, promovidas desde las distintas administraciones públicas, está hundiendo en la pobreza a amplias franjas de la población. Hablar de situación de emergencia social, lejos de ser una figura retórica, se ha convertido en una pálida descripción de la realidad. En la “rica” comunidad autónoma de Catalunya, más del 25 % de las personas en edad de trabajar carece de empleo – alrededor de 850.000, según la encuesta de población activa. En 2014, sólo el 30 % de las oficialmente registradas recibirá algún tipo de ayuda.

Un reciente estudio del Instituto Municipal de Estadística certificaba que más de la mitad de los barrios de Barcelona se encontraba ya por debajo de la media de rentas familiares de la ciudad. Las desigualdades se ahondan. La tasa de pobreza y el riesgo de exclusión social afectan al 24 % de la ciudadanía, con un impacto particularmente cruel sobre la población femenina y sobre la infancia, cuyo desarrollo físico e intelectual hipotecan las privaciones. Bastaría con señalar, por cuanto se refiere a los núcleos de convivencia, que el 48 % son familias oficialmente consignadas como “mono-parentales” – en su abrumadora mayoría, a cargo de madres solas. Incluso en barrios de clase media pero población envejecida, como el céntrico Eixample, la pobreza se instala en los colectivos de viudas y pensionistas, que subsisten con menguados ingresos. En países como Francia, con un Estado del bienestar más desarrollado, toda una serie de ayudas a los hogares – nacimiento, escolarización, alojamiento… – contribuye a evitar que situaciones de estrechez basculen hacia la pobreza o la exclusión. No tenemos aquí unos dispositivos similares.

Ciertamente, son muchos los factores que inciden en el crecimiento a ojos vista de la pobreza: el paro, la precariedad generalizada del mercado laboral, la disminución del poder adquisitivo de los salarios… Pero también el conjunto de recortes efectuados en el gasto social por los gobiernos, central y autonómico: las restricciones en las prestaciones por desempleo (subsidios y políticas activas), en la ley de dependencia, en ayudas a jóvenes… sin olvidar los re-pagos sanitarios, la congelación de pensiones o la desastrosa política de vivienda, hoy en día ampliamente contestada. Catalunya tiene el triste honor de encabezar el ranking estatal de desahucios, cerca del 90 % de los cuales se produce, en el ámbito del área metropolitana, por impago de alquiler. Con todo ello, va perfilándose una geografía de la injusticia social que fractura la ciudad.

Hay, pues, un haz de políticas públicas que sería necesario revertir para hacer retroceder la pobreza. Sin embargo, algunas urgencias resultan insoslayables. Por eso, la reciente Asamblea de nuestra Federación (16/03/2013) adoptó y decidió promover la ILP, propuesta al Parlamento catalán por un colectivo de sindicalistas, intelectuales y activistas sociales, a favor de la instauración de una Renta Garantizada de Ciudadanía – un derecho que contempla el actual Estatut de Catalunya, pero que aún no ha tenido concreción legislativa. Se trataría de una prestación, complementaria en caso de percibir otros ingresos, que asegurase a toda persona mayor de 18 años y legalmente establecida unos recursos que alcanzasen los 664 euros mensuales, estimados por la propia Generalitat como renta de suficiencia. Dentro de unos días empezará la recogida de las 50.000 firmas que han de avalar el proyecto de ley y permitir su debate en sede parlamentaria. Desde el movimiento vecinal vamos a volcarnos en esa campaña como un medio de elevar la conciencia de la ciudadanía en tanto que sujeto de derechos. Pues, en efecto, una de las consecuencias más nefastas de la pobreza es la atomización de la sociedad y el fomento de la mentalidad de persona asistida. Más allá de la buena voluntad, las propias limitaciones de los servicios sociales – que trabajan en red con las parroquias y otros organismos -, la preeminencia de los bancos de alimentos, el carácter puntual de las ayudas… no pueden por menos que imprimir un sesgo caritativo a esas acciones. Sólo una sociedad que aborde el fenómeno disgregador de la pobreza con criterios de solidaridad, de justicia redistributiva y de dignidad humana – y no de beneficencia – mantendrá la cohesión necesaria para superar la crisis actual. Por el contrario, una población sin derechos, maltrecha y desestructurada, corre el peligro de precipitarse, tras banderas populistas y demagógicas, a una lucha desesperada de pobres contra pobres… o se verá reducida a la impotencia ante un capitalismo depredador.

Conocemos de antemano la disposición del actual gobierno conservador de la Generalitat, que se opondrá vehementemente a la ILP arguyendo escasez de recursos presupuestarios: los economistas de la comisión promotora calculan que la aplicación de la ley requeriría una dotación de 1.800 millones de euros. Pues bien, he aquí una excelente ocasión para debatir de prioridades y, en última instancia, acerca del modelo de país a que aspiramos. Y no valdrá zafarse señalando las exigencias de déficit que plantea el gobierno central, ni los incumplimientos de Madrid en materia de financiación. CiU no ha presentado aún su proyecto de presupuestos. Sabemos, sin embargo, que el servicio de la deuda financiera de la Generalitat rebasará este año los 2.300 millones de euros. Y que el pago de las obras públicas financiadas por empresas constructoras, como los peajes en la sombra de las nuevas autovías “gratuitas”, supondrá otros 1.100 millones. A diferencia de estas partidas, la correspondiente a una renta ciudadana revertiría, a través del consumo, en la actividad económica, favorecería el comercio de proximidad y tributaría. Sabemos, por otra parte, que el fraude fiscal, según el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, asciende a unos 16.000 millones en nuestra comunidad autónoma.

No son sólo cifras, sino el reflejo de unas determinadas relaciones sociales, dominadas por las élites financieras y una minoría privilegiada. ¿Cómo? ¿Resulta cara una Renta Garantizada de Ciudadanía? Lo que nos está resultando, más que caro, insostenible y amenazador, es la pobreza. Sí, la pobreza, con sus estragos sociales y de género, con la devastación cultural y política que inscribe en nuestras vidas.

 

 

Entrevista a Sixte Garganté i Diosdado Toledano, promotors de la ILP per una Renda Garantitzada Ciudadana, publicada a Rebelion.org

Sixto Garganté es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Diosdado Toledano, activista social y altermundista, fue sindicalista en SEAT y en la actualidad participa en la Assemblea de Trabajadores/as en paro de Barcelona y en la Coordinadora de Catalunya. Ambos son representantes legales de la Comisión Promotora de la ILP por una RGC.
La campaña se inicia, con un acto público al que todos estamos invitado, el próximo 5 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cívico de "Fort Pienc" de Barcelona.

Después de felicitaros por lo ya conseguido -¡el Parlament de Catalunya ha admitido la tramitación de la ILP!-, empiezo preguntando por lo más básico. ¿Qué es una ILP?

SG: Es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar proposiciones de ley al Congreso de Diputados o a los Parlamentos de las comunidades autónomas. Este derecho se hace efectivo a través de Iniciativas Legislativas Populares, las ILP.

El Estatut d'Autonomia de Catalunya, en su artículo 29.3, reconoce el derecho de todos los ciudadanos de Catalunya a presentar iniciativas legislativas al Parlament de Catalunya. Son necesarias 50.000 firmas válidas para que el Parlament se vea obligado a discutir -y acaso a aprobar- una renta garantizada de ciudadanía como es nuestro propósito.

La tramitación de la proposición de ley se hace por la usual vía parlamentaria. La Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) tiene el derecho de retirar su proposición si considera que la tramitación parlamentaria no respeta el sentido de su propuesta.

La ILP que apoyáis, que estáis defendiendo, pretende pues una renta garantizada para personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué renta? ¿Quiénes serían las personas en situación de vulnerabilidad?

SG: La ILP-RGC de Catalunya establece una prestación económica mensual básica de 664 euros por 12 pagas.

Veure tota l'entrevista aquí

07/04/2013

 

La renda garantida de ciutadania, una resposta a l'exclusió social

Per Joan Carles Gallego Herrera

 

Ja s’ha fet pública la iniciativa legislativa popular (ILP) per la renda garantida de ciutadania (RGC), un cop superat l’intent del Govern d’evitar que la prengués en consideració la Mesa del Parlament. El Govern adduïa efectes pressupostaris per no tramitar-la, amb la qual cosa convertia en impossible qualsevol iniciativa que pretengués lluitar contra l’exclusió social. Finalment, el dictamen dels serveis jurídics del Parlament van permetre que la Mesa donés llum verd a la recollida de signatures, que començarà el proper 15 d’abril. Haurem d’entrar-ne moltes més de les 50.000 mínimes exigides, per demostrar la voluntat ciutadana de lluitar contra l’exclusió social i per forçar un canvi en les polítiques de la majoria parlamentària, que continua instal·lada en la retallada de drets i en l’austericidi com a única eina de gestió pressupostària.  

La RGC és un dret previst en l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 (art. 23.6) per assegurar els ingressos mínims (d’acord amb l’indicador de rendes de suficiència de Catalunya, serien 664 € al mes) per fer front a les situacions de necessitat de qualsevol ciutadà o ciutadana. La RGC ha de ser una resposta eficient i justa a la pobresa i l’exclusió social a Catalunya. Avui, de les 664.500 persones aturades registrades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) només 445.000 reben una prestació d’atur (un 53,1%, la prestació contributiva; un 41,1%, el subsidi, i un 5,8%, la renda activa d’inserció). Més d’un 50% fa més d’un any que està a l’atur. Aquesta setmana coneixerem les dades de l’Enquesta de població activa (EPA), que confirmaran que a Catalunya hi ha més de 900.000 persones en atur que volen treballar i no poden per manca d’ofertes, que hi ha més de 250.000 llars amb tots els membres en desocupació o que hi ha més de 120.000 llars on no hi entra cap ingrés.

El risc de pobresa i exclusió social és creixent, i és essencial l’actuació pública per evitar la fractura social. En una situació com aquesta no es pot permetre que es retallin la prestació i els subsidis per atur ni la renda activa d’inserció (RAI), i cal exigir que es mantingui l’ajut econòmic temporal per a qui esgoti la resta de prestacions per atur. 

És imprescindible garantir uns ingressos mínims per a les persones sense feina ni recursos alternatius. Mentre no s’implanti la RGC cal aixecar les restriccions que el Govern ha imposat a la renda mínima d’inserció (RMI), que deixa sense cobertura persones aturades sense ingressos simplement perquè no tenen “altres problemes socials” o no estan en situació de “pobresa extrema”. La RMI ha de recuperar la seva finalitat inicial: ser el darrer ingrés de subsistència amb accions per a la inserció i reinserció laborals. 

De manera urgent, cal implementar la renda garantida de ciutadania (RGC) per a les persones o famílies en situació de pobresa, perquè puguin accedir a una renda que els asseguri els mínims d’una vida digna mitjançant la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona. Perquè des de l’exclusió social no hi ha possibilitat d’inserció laboral ni d’accés als drets i béns socials. Això és el que pretén la ILP per la RGC, que comença a caminar.  

La principal actuació per combatre l’atur és la creació d’ocupació i aquesta està relacionada amb la reactivació de l’activitat econòmica, que segueix sota mínims, atesa la inutilitat de les polítiques dels governs. Però mentre no es crea ocupació cal reclamar polítiques concretes que evitin l’exclusió social, redistribuint millor la riquesa existent. Des de l’exclusió social, la llibertat individual és inexistent, des de la desigualtat social, les llibertats col·lectives es ressenten. 

Garantir la cohesió social és la principal responsabilitat del Govern i, en paral·lel, promoure polítiques que reactivin l’economia i creïn ocupació: impulsar polítiques actives per recuperar la demanda interna (via despesa i inversió pública) i facilitar la circulació del diner i l’accés al crèdit (via entitats financeres nacionalitzades). Ni la reforma laboral ni les retallades van en aquesta direcció, i la manca d’una actuació fiscal integral (reforma fiscal i lluita contra el frau), i la inexistència de voluntat política per fer que les entitats financeres rescatades facin de banca pública, allunyen encara més l’horitzó de la reactivació. 

Per això, hem de fer de la ILP per la RGC una gran mobilització social per garantir drets individuals i canviar polítiques.

 

¿Garantizar una vida digna a toda la población?

Daniel Raventós-Sergi Raventós

 

El artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña dice: “las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen.” Tomando como apoyo este redactado legal, diversas asociaciones, sindicatos y partidos políticos empezaron ya a finales de 2011 la gestación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Después de algunas dudas cuando no de rechazo explícito por parte de miembros destacados del gobierno y del grupo de CiU sobre si llegaría a ser aceptada por la Mesa del Parlamento catalán, finalmente el 12 de marzo, y por unanimidad, esta Mesa admitió a trámite la mencionada ILP. A partir de aquel momento se ponía en marcha la maquinaria necesaria para conseguir las 50.000 firmas requeridas para ser debatida en el Parlamento.

Esta ILP va a posibilitar que se debata y se exponga durante los meses de la campaña una posible alternativa a la pobreza. Muy brevemente, el contenido más importante de esta ILP puede resumirse como sigue. La RGC debe permitir las condiciones mínimas de una vida digna a las personas y a las familias o núcleos de convivencia que se encuentran en situación de pobreza. La RGC se reconoce como derecho subjetivo de todas las personas y por tanto no sujeta a disponibilidad presupuestaria, y tampoco estará condicionada a la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social. Tendrán derecho a la RGC las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) que acrediten una edad como mínimo de 18 años, excepto los menores emancipados; b) que estén viviendo legalmente en Cataluña, y c) que acrediten residencia continuada en Cataluña durante un mínimo de 12 meses. El indicador que establece la cuantía de la RGC es el de la renta de suficiencia de Cataluña que cada año tiene que fijar la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Actualmente equivale a unos 664 euros al mes. Se contempla una suma adicional que será igual a multiplicar por el 70% de la anterior cantidad el número de personas que conviven en el núcleo familiar. Así, en el caso de 2 personas, sería de 1.129 euros/mes, en el caso de 3 personas de 1.594 euros/mes, etc.

Los promotores de la ILP pidieron a Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org), una aproximación de los costes que podría representar la propuesta de esta ILP, a partir claro está de la situación de pobreza en la nación catalana. Con datos de 2012 (aunque la ILP está concebida de modo que se empezaría a aplicar en el año 2015), y de forma indicativa, Jordi Arcarons calculó que el coste de financiación sería de aproximadamente unos 1.871,8 millones de euros. El informe ocupaba tres folios y contenía cinco cuadros. Con fecha 12 de marzo, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña emitió un informe para que fuera incluido en el expediente de tramitación de la ILP, en el que cifraba los costes en una cantidad superior: más de 3.500 millones de euros. Esta estimación no ocupa ni medio folio en dicho informe. Hay que decir también que en este escrito se dedica una abundante argumentación sobre las condiciones del déficit fiscal impuestas por Madrid y Bruselas pero no se hace ningún análisis sobre la situación creciente de pobreza que padece Cataluña curiosamente cuando cada vez hay más datos del aumento del índice AROPE (1) en Cataluña. En concreto, y a pesar que Cataluña está por encima de la media del Reino de España, la evolución indica que el riesgo ha aumentado mucho más que en el resto del Estado entre 2009-2011: un 6,8% en Cataluña por un 3,6% en el conjunto del Estado (2). Otro indicador que se calla el gobierno es el de los trabajadores pobres (aquellos que tienen unos ingresos inferiores a los que determina el umbral de la pobreza) que en Cataluña (también en el Reino) han aumentado más de un 2% entre el 2007 y el 2010, pasando de un 11,40% a un 13,70%, mientras que en la Unión Europea de los 27 se mantiene estable en un 8,50%.

Estas dos cantidades diferentes sobre lo que supondría una RGC en Cataluña, a la menor de Jordi Arcarons la llamaremos “A” y a la mayor del gobierno catalán “B”, nos servirán de referencia para exponer los siguientes cálculos. Como es sabido puesto que fue un informe muy difundido, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA propuso a mediados de 2012 una serie de medidas para recaudar 63.809 millones de euros en todo el Reino de España. Concretando esta recaudación para el caso de Cataluña a partir del 18,7% del PIB del Reino en el año 2012, cálculo que, aunque no está exento de algunas imperfecciones puesto que la recaudación en algunos casos no es equivalente al porcentaje de PIB, no supone una mala aproximación, resultarían estas cantidades:

Reducción economía sumergida 10 puntos: 7.214 millones.
Nuevo tipo de impuesto sobre sociedades: 2.607 millones.
Impuesto de transacciones financieras: 935 millones.
Impuesto sobre la riqueza: 636 millones.
Restricciones al sistema de módulos y Sicav, aumento del tipo al ahorro y ganancias patrimoniales al general: 279 millones.
Prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública: 262 millones.

Es decir, estamos ante una recaudación de 11.933 millones de euros, 6,4 veces más que “A” y 3,4 veces más que “B”. No hay duda que, dado el actual marco legal, el gobierno de Cataluña no es soberano para recaudar algunos de estos impuestos. Problema importante, por supuesto, al que volveremos en breve, pero no invalida lo que nos parece imprescindible señalar: pueden recaudarse estas cantidades desde el punto de vista económico.

En el mencionado informe del Gobierno de la Generalitat del que hemos extraído la cantidad “B”, se dedican muchas páginas a excusarse por la falta de competencias actuales para poder variar los porcentajes de déficit, además de la falta de muchas competencias fiscales. Bien es verdad que es así, pero al día siguiente de admitida esta ILP en la Mesa del Parlamento de Cataluña, hubo un políticamente muy importante plenario del mencionado Parlamento en el que 104 diputados y diputadas (ERC, PSC, ICV-EUiA i CiU) votaban a favor del derecho de decidir. Más de tres cuartos: el 77,6%. Los 3 representantes de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) se abstuvieron, no porque no estén de acuerdo con el derecho a decidir, por supuesto, sino porque consideran que el gobierno del Reino de España jamás aceptará un referéndum y, por esa razón, no tiene sentido reclamar el diálogo con el mencionado gobierno. Solamente votaron en contra del derecho a decidir los nacionalistas españoles del PP y de Ciudadanos (27), una quinta parte, el 20,1%. Sería un buen ejercicio de soberanía (aún muy limitada, es cierto) que el Gobierno y el Parlamento catalanes decidieran la forma propia de recaudar el dinero necesario para garantizar los recursos que exige la ILP de la RGC, inspirada en un artículo del actual Estatut (aprobado en Referéndum por amplia mayoría del pueblo catalán) y que asegure una vida digna a la ciudadanía y a la población con residencia acreditada. Sería una indudable buena manera de combinar la defensa de los legítimos derechos nacionales de Cataluña con la defensa de la existencia material de la ciudadanía y residencia acreditada de esta nación. CiU no se ha diferenciado para nada del PP en el ataque sistemático a las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población y eso en ningún momento se puede olvidar. Pero los partidos de izquierdas que apoyan la ILP (PSC, ERC e ICV-EUiA) tienen una buena oportunidad de concretar la doble aspiración democrática: nacional (votaron a favor del derecho a decidir el 13 de marzo en el Parlamento catalán) y social. Pronto veremos si es así.

También merece un comentario el reiterado informe ejecutivo de donde ha salido la cantidad “B” porque dedica buena parte a criticar las posibles consecuencias de la ILP por una RGC. Y lo hace de una forma errónea en más de cuatro y de cinco puntos: critica la RGC tomándola por una renta básica (RB). Ya hemos escrito con anterioridad las diferencias substanciales que existen entre la RGC y la renta básica(3) y no vamos otra vez a repetirlas. Pero hay una diferencia que quizás predomina sobre otras y vale la pena reiterarla, esa sí: la RB no es condicionada, característica que supone quedar al margen de las críticas que reciben los asignaciones públicas monetarias condicionadas. El informe del Gobierno catalán se recrea en críticas a los subsidios condicionados que, sean o no correctas, no son aplicables a la RB.

Que la RGC sea o no un camino a la renta básica universal e incondicional, como unacto organizado por ATTAC-Acordem en Barcelona a principios de marzo titulaba (“Per una Renta Garantitzada de Ciutadania, cap a una Renda Bàsica”, es decir, “Por una RGC, hacia una RB”) es algo que solamente la capacidad de movilización y apoyo social que ello pueda generar, acabará o no decidiendo. La RB, ya se ha dicho en varias ocasiones, va unos cuantos pasos más allá de la lucha contra la pobreza y no exige ningún test de recursos ni demostración de pobreza como es el caso de la RGC. Aún así, el objetivo de la RGC significa en esta barbarie socioeconómica que están viviendo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, y dado el contraste que significaría con las políticas económicas aplicadas hasta ahora, una esperanza y, más importante aún, una voluntad social y política de configurar los mercados en interés de la gran mayoría de la población, casi toda menos la rica y muy rica. O mucho más que ahora, para expresarlo con mayor prudencia política.

2012 acabó con una tasa de paro en Cataluña del 24% (del 52% para el grupo de edad comprendido entre los 16 y los 24 años). Al finalizar 2007, justo antes de la crisis económica desatada en el 2008 y que no tiene indicios de escampar en un futuro cercano, la tasa era del 6,6% (del 14% para el grupo de edad comprendido entre los 16 y los 24 años). Una tasa de paro, por tanto, que se ha más que triplicado en cinco años y casi se ha cuadruplicado para los más jóvenes. La pobreza ha aumentado mucho a lo largo de estos mismos años. Cada vez son más las personas que pierden lo que les garantizaba mal que bien una existencia social más o menos decente. Pedir trabajo digno para todas las personas en paro supone un noble objetivo y sería harto deseable, pero mientras eso no llega y no es previsible que vaya a llegar en los próximos años estas mismas personas deben tener la existencia garantizada. Comer, alojarse, vestirse… son necesidades que deben realizarse a diario. Aquí cobra todo el sentido esta Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (¿hacia una renta básica?).

NOTAS:

(1)    AROPE (acrónimo del inglés At Risk of Poverty and/or Exclusion) es un indicador sintético que tiene en cuenta otros tres indicadores: la población que vive bajo el umbral de pobreza (personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana de la renta nacional), la población afectada por una privación material severa (no puede permitirse el pago de cuatro de los siguientes nueve ítems: hipoteca, alquiler o letras; mantenimiento de la vivienda a una temperatura adecuada; una semana de vacaciones al año; una comida con carne, pollo o pescado cada dos días; teléfono; televisión; lavadora; coche; gastos imprevistos) y la población con baja intensidad de empleo por hogar (número de meses trabajados durante el año por parte de todos los miembros del hogar en edad laboral en relación a los meses que teóricamente podrán trabajar; una intensidad de trabajo igual o inferior a 0,20 es considerada baja).

(2)    EAPN Madrid. 2012. Impactos de la crisis, las cifras de la pobreza en España. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2010

(3)    La definición de renta básica a la que nos referimos la asociación Red Renta Básicawww.redrentabasica.org es la que sigue: “un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.” No es por tanto la “Renta Básica” (¡qué tendrán estas dos palabras para que tantas propuestas diferentes las asuman! Más confusión añadida si cabe) que se propone por ejemplo en lugares como Extremadura que está pensada para gente que no tiene ingresos y por tanto condicionada a un test de recursos. Y en todo caso, es muy inferior en cobertura y cantidad de la prestación a la ILP de la RGC que estamos comentando.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012). Sergi Raventóstrabaja en una fundación de salud mental. Es miembro del colectivo Dempeus per la salut pública. Forma parte de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía como representante de la Red Renta Básica.