Dada la situación de crisis económica y de emergencia social en Cataluña, se impulsó una iniciativa legislativa popular sobre la renta garantizada de ciudadanía para promover una Ley que diera cumplimiento al artículo 24.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña.

Esta iniciativa legislativa, que recogió 121.191 firmas, dio lugar al Acuerdo para el establecimiento de la renta garantizada de ciudadanía de 15 de mayo de 2017, entre el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y la Comisión Promotora. Este se trasladó a la ponencia del Parlamento a los efectos de incorporarse al texto de la ley.

Finalmente, se aprobó la Ley 14/2017, de 20 de julio , que regula la renta garantizada de ciudadanía, con el fin de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad.

Con este fin, el artículo 23 de este Ley prevé que, mediante un decreto, se debe crear una Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada de Ciudadanía con funciones de evaluación y seguimiento de la aplicación y el funcionamiento de la renta.