EL INGRESO MÍNIMO VITAL: UNA OPORTUNIDAD PARA ERRADICAR LA POBREZA.

El IMV es la medida más importante que existe en nuestro país de cara a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es una medida valiosa y necesaria que no está llegando a alcanzar su plena eficacia si se consideran los elevados índices de pobreza que aún tiene nuestro país (19,7 % de la población en pobreza relativa-datos AROPE 2024), la elevada cifra de personas que pudiendo tener derecho a la prestación para la que son potencialmente elegibles, no la perciben, fenómeno conocido como non take-up (en torno al 60 %, en 2023) y su insuficiente
penetración en el colectivo que más la necesita: los hogares en situación de pobreza severa (tan solo la percibe un 20,78 % de este colectivo).

De acuerdo con estos datos, tras cuatro años desde su entrada en vigor, la prestación parece haberse estancado. La falta de un enlace real entre el IMV y las principales estrategias estatales de lucha contra la pobreza y la exclusión social y de un objetivo específico referenciado a niveles de pobreza, así como la complejidad de los requisitos establecidos para el acceso y mantenimiento de la prestación unidos a la dificultad para su acreditación en muchos casos, están, en gran medida, detrás de esta situación.

No debe olvidarse que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es una tarea transversal, que afecta a todas las administraciones públicas y también a la sociedad civil. El establecimiento de objetivos comunes claramente definidos sobre la base de una profunda colaboración y coordinación entre todos los agentes implicados, así como el acercamiento del acceso al IMV a quienes lo
necesitan y la agilización de los procedimientos, constituyen piezas clave para que las políticas de lucha contra la pobreza puedan llegar a tener el éxito que todos esperamos.